El coronavirus amenaza a las tribus del Amazonas, mientras el gobierno de Jair Bolsonaro desmantelan leyes que protegen las reservas naturales. Funcionarios de medio ambientes han sido despedidos mientras ambientalistas y líderes indigenas temen que el coronavirus sirva para tapar un asalto a la selva tropical.
Se rumorea que una ley espera en el Congreso para legalizar el acaparamiento de tierras, bosques y reservas indígenas.
“Los pueblos indígenas del Amazonas están solos y tenemos que luchar contra el virus, los madereros y los mineros salvajes. No sabemos cuál es peor «, dijo Alessandra Munduruku, líder indígena del estado de Pará.
Bolsonaro ha emitido comentarios racistas hacía los indígenas del Amazonas y busca el “desarrollo” de este lugar del planeta siendo popular entre mineros, agricultores, madereros y acaparadores de tierras. Él miso dijo que la reserva yanomami, la más grande de Brasil, era demasiado grande y atacó a ambientalistas por multar a personas que realizan delitos ambientales.
Un decreto emitido el 2019 conocido como MP910, permite que los agricultores ocupen hasta 2.5000 hectáreas dentro de reservas controladas por el gobierno. En 2017 una ley permitió lo mismo para tierras ocupadas hasta el 2011. el decreto fue extendido hasta el 2018 por Bolsonaro.
El decreto fue bautizado por los críticos como “decreto de acaparamiento de tierras, que permite tomar tierras y deforestarlas, quemar árboles y poner en ellas ganado para consolidar la posesión de esas tierras.
El decreto tiene hasta el 19 de mayo para ser aprobado en el Congreso y los legisladores a favor de los agrícolas están presionando para que eso ocurra antes, en plena crisis sanitaria, proponiendo cambios para que legalizar la tierra ocupada sea más sencillo y barato.
El 22 de abril Funai publicó una regla para permitir a acapadores de tierras, regularizarlas siempre que la reserva no hay completado su proceso de demarcación lo que puede tardar décadas y requiere que el presidente lo apruebe. Bolsonaro a permitido que no se demarque un centímetro más de tierra de tribus indígenas.
Los empleados de Funai dijeron que la nueva regla «convierte a Funai en un notario inmobiliario para los ocupantes ilegales, los acaparadores de tierras y los desarrolladores de tierras en tierras indígenas».
El Consejo Nacional de Derechos Humanos solicitó la renovación de la regla, señalando que 237 reservas indígenas no han completado su demarcación y otras 6 áreas eran de “uso restringido” con informes de grupos aislados que no son inmunes ni a la gripe ni al COVID-19.
49 fiscales federales en Brasil piden que se anule la regla de Funai debido a que es inconstitucional e ilegal.
Uno de los fiscales llamado Daniel Azevedo dijo que alentó a acaparadores de tierras a esperar que sigan decretos parecidos.
“El Amazonas funciona como un mercado de valores. Lo que dicen los que están en el poder en el país realmente influye en el comportamiento de las personas «, dijo. «Esto transmite el mensaje de que si deforestas ahora en 2020 o 2021, pronto serás dueño de esta área», agregó. «La tendencia es que el bosque estará muy devastado en los próximos años».
El senador Irajá Abreu dijo que el decreto de acaparamiento de tierras es una «buena ley para el 99% de las familias brasileñas, para los productores brasileños, para las personas que crean empleos».
Funai en tanto declaró que «corregiría las inconstitucionalidades detectadas en los estudios realizados».
Los ambientalistas en tanto explican: «El gobierno tiene un proyecto y está avanzando sobre el bosque, sobre los pueblos indígenas, para beneficiar a aquellos que quieren la tala del bosque», dijo Mariana Mota, especialista en políticas públicas de Greenpeace Brasil.
En tanto la agencia brasileña Ibama despidió a Renê de Oliveira y Hugo Loss, dos especialistas de campo de alto nivel, luego de que coordinaran una operación para expulsar a invasores de reservas indígenas en Pará por temor a que lleven a ese lugar el COVID-19.
Los ambientalistas temen que alentar la invasión de áreas protegidas puede repercutir en violencia contra sus defensores.
Zezico Guajajara, un maestro indígena, fue asesinado en marzo y es el quinto asesinato en el área en 6 meses. En abril, Ari Uru-Eu-Wau-Wau, un maestro de la reserva Uru-Eu-Wau-Wau en el estado amazónico de Rondônia, fue asesinado y ya había recibido amenazas.
«Los invasores creen que pueden ingresar a la reserva indígena debido a la agenda del gobierno», dijo Ivaneide Bandeira, del grupo sin fines de lucro Kanindé quien durante años ha trabajado con tribus y agregó que el «Covid es la tapadera y la excusa».
